En esta ocasión Se trata de la política para defensa de daño antijurídico de la vigencia 2019 y que por 4 año consecutivo es certificada y aprobada a la corporación por parte de la subdirección de políticas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, tema en el que la Corporación fue reconocida a nivel nacional como ejemplo, el pasado 15 de marzo.
Este es el resultado de un trabajo y esfuerzo que iició el año 2014 la administración “Cortolima Visible” ha venido haciendo para poder brindarles un mejor servicio a los ciudadanos. En el país solo 5 Corporaciones Autónomas de las 33 que han sido certificadas en la política para la defensa del daño antijurídico, siendo Cortolima la más sobresaliente.
“Esta iniciativa se pudo consolidar en la vigencia del 2015 y la primera aprobación de la política la tuvimos en el año 2016, consecutivamente nos fueron aprobando las políticas de defensa del daño antijurídico en el 2017, 2018 y el día de ayer la subdirección de políticas de la agencia nacional de defensa jurídica le deja aprobada a la corporación la política de defensa del daño antijurídico del año 2019” manifestó Ramón Leal, jefe de la oficina asesora jurídica de Cortolima.
Como se refleja esta política en el servicio
La aprobación de la política para la defensa del daño antijurídico en cualquier entidad del estado se repercute en beneficio de los ciudadanos en la medida en que todas las peticiones y solicitudes que adelanten ante la entidad, deben ser resueltas dentro de los términos que se estipulen en la política de acuerdo a los expedientes y al cumulo de trabajo que se tenga.
Esta política es un insumo importante que le permite a la Corporación medir sus actuaciones y permitir la reducción de la actividad litigiosa en contra de la Corporación. De igual manera se crea una conciencia a los funcionarios para evitar que con su actuar generen un daño antijurídico que posteriormente pueda repercutir en acciones de tipo judicial y en detrimento de la imagen de la entidad.
Son pocas las corporaciones que manejan desde la órbita ambiental y que están certificadas en la política de la defensa antijurídica.
