En un documento de 420 páginas, la Contraloría General de la República realizó un informe presentado al Congreso de la República sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente 2010 – 2011,
el cual presenta cambios sustanciales en su estructura frente a las ediciones anteriores, al introducir una visión integral de la variable ambiental en la evaluación de las políticas públicas y su cumplimiento en la gestión de todas las entidades tanto del nivel nacional como del regional o municipal.
“Hago un llamado de atención en lo relacionado con la responsabilidad que del tema ambiental tiene el Estado, pues no solo es tarea del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y las Corporaciones Autónomas Regionales sino de todos y cada uno de los ministerios, entidades del orden nacional y territorial, y de la sociedad civil, por tratarse de una variable transversal que debe ser vigilada por la Contraloría General de la República bajo la óptica de un control fiscal fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales.” Dice en la presentación del documento la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico.
En el documento se expresa que los impactos económicos y sociales negativos causados por el fenómeno de “La niña” entre agosto de 2010 y mediados de 2011, han generado un debate en torno a la capacidad y calidad institucional para la gestión ambiental y la prevención del riesgo.
Distintas voces de la sociedad aumentadas en su volumen por los medios de comunicación han situado la responsabilidad, casi que exclusivamente, en las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible (CAR).
Sin embargo, la Contraloría General de la República considera que, si bien las CAR son instituciones que presentan un amplio margen para mejorar su calidad y capacidad institucional, no son las principales responsables de esta catástrofe.
Como se mencionó en el primer capítulo de este informe, uno de los principales problemas en torno a éste desastre y a los ocurridos en el pasado, es la débil incorporación de los determinantes ambientales en los procesos de ordenación del territorio municipal.
Es de aclarar que la Contraloría General de la República expidió la Circular 004 de febrero de 2011, dirigida a los gobernadores, alcaldes, directores de las corporaciones autónomas regionales y de autoridades ambientales urbanas, con base en un informe del 21 de enero del IDEAM sobre prevención y atención de emergencias derivadas de factores climáticos que se preveían para los meses siguientes, que fue enviado tanto a las entidades del Sistema de Atención y Prevención de Desastres como a las del Sistema Nacional Ambiental, en el que se alerta sobre posibles nuevos efectos del invierno en el año 2011.
Mediante la circular se solicita se enviar dentro de los 5 días siguientes a su recepción, a la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana (CDPC), un informe sobre cuáles recomendaciones del informe del IDEAM le son aplicables y el plan de acción para su acatamiento. Además, se solicita que se informe semanalmente sobre la ejecución de dicho plan.
El gasto total de las corporaciones alcanzó la cifra de $1.215.182 millones, distribuidos en gastos funcionamiento 18,3% (personal, generales y transferencias corrientes), inversión 80,6% y pago del servicio de la deuda 1,1%.
Como ejecutoras de la política nacional ambiental la distribución de los recursos y la prevalencia de la inversión están acordes con esa misión. La relación del total de gastos de funcionamiento sobre los de inversión arroja un 22,7%.
Sin embargo, hay que mencionar que existe un debate frente a los gastos de funcionamiento, en el sentido que para ejercer las funciones como autoridad ambiental una corporación necesita no solo cantidad, sino personal idóneo para adelantar labores de seguimiento, monitoreo y control; en tal sentido se requiere un análisis de las normas de austeridad fiscal que restringen este tipo de gastos, pero más importante aún es que, como se ha afirmado atrás, se asignen rápidamente mayores recursos para estas entidades.
El promedio de gastos de personal con respecto al total del gasto de todas las corporaciones es 16,28%, mientras que la inversión participa en el 74,2% y la deuda apenas presenta una participación de 0,51%.126
Fueron un total de 25 Corporaciones Autónomas Regionales dentro de las que se encuentra CORTOLIMA las que cumplieron con la solicitud, al igual que 6 Corporaciones Autónomas Regional para el desarrollo sostenible.
Algunas de las conclusiones presentadas por la Contraloría:
- A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial (MAVDT), de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible (CARCDS) y de los institutos de investigación ambiental (IIA), el deterioro ambiental continúa y, en consecuencia, la CGR considera que el crecimiento económico del país, y por ende, su modelo de desarrollo, no es sostenible.
- El gasto del sector ambiental “central” durante la vigencia 2010 alcanzó un monto de $1,7 billones, que representa el 0,31% del Producto interno bruto (PIB) y el 1,16% del Presupuesto General de la Nación (PGN)4 y que, como ha reiterado la CGR, no es un nivel de gasto suficiente para ejercer adecuadamente las funciones de preservación y conservación de la naturaleza y las regulatorias y sancionatorias por parte de las autoridades ambientales.
- Se insiste en este informe en que los desastres, como el ocurrido por ola invernal no son exclusivamente naturales, son también producto del inadecuado uso del suelo. Las corporaciones, los entes territoriales y hasta el gobierno nacional han permitido la desecación de humedales, la construcción de viviendas en los planos inundables de los cuerpos de agua y en zonas de alto riesgo, el incumplimiento de las normas sobre rondas hídricas y, en resumen, la no inclusión o el incumplimiento de los determinantes ambientales en la ordenación del territorio.
- La ola invernal ha hecho evidentes esas deficiencias y, de no tomarse las medidas para fortalecer la institucionalidad ambiental de tal forma que adelante las actividades de prevención que se requieren, existe una alta probabilidad de que la situación reciente de desastre nacional se repita.
Generalidades:
El informe se divide en tres capítulos:
I. Análisis y evaluación de la política y gasto público del Sistema Nacional Ambiental (SINA)
II. Análisis del desempeño institucional en torno al manejo de los impactos ambientales generados por la actividad minera en el país
III. Evaluación de la implementación de la política nacional de humedales inferiores de Colombia.
En el capítulo I, se realizó una evaluación del gasto ambiental en el 2010, en el nivel regional: las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible (CDS), arrojando los siguientes resultados.
Las corporaciones autónomas son las entidades ejecutoras de las políticas públicas ambientales y autoridades ambientales en el nivel regional. Sus ingresos provienen de dos fuentes: los dineros transferidos por la Nación que corresponden al presupuesto general (PGN) y los recursos propios constituidos principalmente por la sobretasa ambiental al impuesto predial (tributarios), los ingresos por tasas, multas, permisos y otros servicios (no tributarios), y los recursos de capital.
Por su parte, los gastos están constituidos por tres grandes rubros: funcionamiento (personal, generales y transferencias corrientes), los gastos de inversión y el pago del servicio de la deuda. A continuación se analizan estas cifras para la vigencia 2010.
Fuentes del nivel regional (ingresos) Las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible tuvieron ingresos en 2010 por $1.350.958 millones, de los cuales el 94% ($1.268.792 millones) corresponden a recursos propios y el 6% ($82.165 millones) provienen de la Nación (PGN).
Teniendo en cuenta que el Producto Interno Bruto (PIB) calculado para el año 2010 fue de $546,9 billones122, los ingresos de las corporaciones corresponden al 0,25% de la producción nacional.
Las corporaciones autónomas regionales (CAR) participaron en el 92,3% del total de ingresos ($1.247.173 millones), mientras que las de desarrollo sostenible (CDS) en el restante 7,7% ($103.784 millones), lo que significa que las CAR tuvieron 12 veces más recursos que las CDS.
Los ingresos tributarios de las corporaciones alcanzaron la cifra de $358.831 millones. Este ingreso proviene de la sobretasa ambiental al impuesto predial y por ello se ven favorecidas aquellas corporaciones en la que se encuentran los grandes centros poblados, por ello en la parte alta de la gráfica figuran la CAR de Cundinamarca $102.028 millones, CVC $58.527 millones y CRA del Atlántico $22.647 millones. En la parte baja se ubican las corporaciones cuyas jurisdicciones no presentan grandes poblaciones como Corpomojana $72 millones, CDA $399 millones y Corpoguavio $606 millones.
Como se ha observado en los informes anteriores este esquema no privilegia a las corporaciones de desarrollo sostenible (CDS) que se ubican en zonas ambientalmente estratégicas, pero que por esa misma razón se encuentran menos pobladas, por ello este tipo de entidades participaron apenas en el 3,3%, del total de ingresos tributarios de la vigencia.
El gasto total de las corporaciones alcanzó la cifra de $1.215.182 millones, distribuidos en gastos funcionamiento 18,3% (personal, generales y transferencias corrientes), inversión 80,6% y pago del servicio de la deuda 1,1%.
Como ejecutoras de la política nacional ambiental la distribución de los recursos y la prevalencia de la inversión están acordes con esa misión. La relación del total de gastos de funcionamiento sobre los de inversión arroja un 22,7%.
Sin embargo, hay que mencionar que existe un debate frente a los gastos de funcionamiento, en el sentido que para ejercer las funciones como autoridad ambiental una corporación necesita no solo cantidad, sino personal idóneo para adelantar labores de seguimiento, monitoreo y control; en tal sentido se requiere un análisis de las normas de austeridad fiscal que restringen este tipo de gastos, pero más importante aún es que, como se ha afirmado atrás, se asignen rápidamente mayores recursos para estas entidades.
El promedio de gastos de personal con respecto al total del gasto de todas las corporaciones es 16,28%, mientras que la inversión participa en el 74,2% y la deuda apenas presenta una participación de 0,51%.126
Para consultar completo el documento puede remitirse al link:
http://www.contraloriagen.gov.co/c/documentlibrary/getfile?&folderId=21259911&name=DLFE-36069.pdf
