Luego de las declaraciones dadas por el Gobernador del Tolima, con respecto a la visita que él y otras autoridades del Tolima realizarán al proyecto minero la Colosa, que se desarrolla en Cajamarca, asegurando la presencia de la autoridad ambiental, en cabeza de su directora Carmen Sofía Bonilla Martínez. Se le quiere aclarar a la opinión pública que en ningún momento se ha establecido un compromiso desde CORTOLIMA para tal visita y que la CORPORACIÓN sólo realiza visitas Técnicas de Seguimiento a dicho proyecto y que preciso hoy se encuentra en la zona desarrollando tal labor un equipo interdisciplinario conformado por un Geólogo, un ingeniero forestal, un ingeniero agrónomo, un ingeniero ambiental, una bióloga, un ingeniero químico y dos ingenieros civiles, acompañado por el laboratorio de CORCUENCAS, donde no hace presencia la Directora.
En el tema de títulos mineros en el Cañón del Combeima
CORTOLIMA es coadyundante de la Acción Popular instaurada por la Personería de Ibagué en contra de INGEOMINAS, Ministerio de Ambiente, Anglogold Ashanti y otras mineras, cuyo objeto consiste en “impedir que se desarrollen procesos de exploración y explotación minera aurífera en la Cuenca mayor del río Coello, río Combeima y río Cocora, como consecuencia de dicho amparo se declare la extinción de todos los derechos que la empresa Anglo Gold Ashanti Colombia S.A.y otros titulares mineros pueda tener en ocasión de la suscripción de contratos de concesión correspondientes…”.
Como resultado de ésta, ya se expidió medida cautelar en septiembre de 2011, por parte del Tribunal Administrativo del Tolima, (Magistrada Ponente Dra. Susana Nelly Acosta). La cual resolvió:
- Admitir la acción popular.
- Acceder a la medida cautelar pretendida por el accionante, ORDENANDO LA SUSPENSIÓN INMEDIATA de los Títulos Mineros.
- ORDENAR vincular al municipio de Ibagué y el IBAL ESP S.A.
- Notificar de la decisión a miembros de la comunidad a través de un diario de circulación local.
- Notificar al señor Procurador Judicial ante el Tribunal.
- Remitir a la Defensoría del Pueblo.
En éste sentido, con ésta decisión ya se habían suspendido los contratos de concesión en el Cañón del Combeima para minería.
