Durante la mañana del martes 15 de mayo del 2012, en la sala de juntas de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, se desarrolló Consejo Directivo extraordinario de la entidad, con el objetivo de conocer los contenidos de las circulares que emitiera la Procuraduría General de la Nación, con respecto a las supuestas irregularidades que se presentaron en la elección de los 4 alcaldes que representan a los entes territoriales en éste órgano directivo.
Luego de la instalación y aprobación del orden del día se realizó una exposición muy completa sobre cuales serian los alcances legales jurídicos que tendría citar nuevamente una Asamblea Corporativa, teniendo en cuenta la sugerencia de la Procuraduría. Además se expuso como el acto de elección se presume legal y no se registraron demandas en contra del mismo.
La directora de la corporación dejó claro que se citó al Consejo como órgano directivo autónomo para que tomara la decisión de que tan pertinente jurídica y legalmente seria el citar nuevamente Asamblea Corporativa. Como delegada del Gobernador del Tolima, estuvo la jefe de la oficina jurídica de la administración departamental, Olga Lucía Liévano, quien desde le principio dejó ver cómo no se encontraron motivos por los cuales se debería citar a la Asamblea y que el acto fue legal.
El representante del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, hiso claridad en dos temas, uno es que se debería citar a la Asamblea Corporativa con el fin de que al interior de ella se analicen las sugerencias que emitió la Procuraduría en dos circulares y sobre que el Consejo Directivo no tuvo nada que ver en la elección de los alcaldes en Asamblea, por lo que no podría tomar decisiones ni defender si el proceso estuvo ajustado o no a la norma, pero si puede ser función del consejo citar a la Asamblea.
El alcalde del municipio de Natagaima defendió su elección pues fue un proceso transparente y ajustado a la norma, por lo que no debería citarse a Asamblea y seriamos nosotros los cuatro alcaldes electos los que por medio de un oficio los que responderían a la Procuraduría. Además dijo que la Procuraduría debería hacer circulares identificando casos especiales y no generalizar los procesos de las CARS como si todas tuvieran irregularidades. Al final del consejo se decidió por mayoría que no se llamaría a Asamblea Corporativa y que sería una respuesta escrita firmada por los alcaldes la que se hará llegar a la Procuraduría para validar el proceso. Se contó con la presencia de 11 de los 12 miembros del Consejo Directivo y fueron 9 los que votaron en contra de citar nuevamente a la Asamblea.
