Con el objetivo de rediseñar la política de comunicaciones internas y externas en la entidad, se creó mediante Resolución No. 2888 del 29 de agosto de 2012, el “Comité Editorial” de CORTOLIMA.
El Comité Editorial de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, será la instancia encargada de formular las políticas generales y operacionales que regirán la actividad editorial de la entidad.
Según el acto administrativo, el Comité estará conformado por los siguientes funcionarios, como miembros permanentes, el Director General o su delegado, el o la líder del Proceso de Planificación Ambiental, El Subdirector (a) de Desarrollo Ambiental, el Profesional encargado de actualizar el Portal Institucional (web master) y El Profesional Universitario encargado de operar el Procedimiento de Comunicaciones, quien ejercerá la secretaría técnica del Comité.
Entre las funciones que cumplirá estarán:
- Formular las políticas generales de imagen corporativa y reputación institucional así como, las políticas de la actividad editorial.
- Generar y promover la realización de estudios técnicos de diagnóstico y mejoramiento de la imagen y reputación institucional. Igualmente identificará, formulará y pondrá en marcha las piezas internas y externas comunicacionales masivas y alternativas que se requieran para lograr los objetivos misionales.
- Elaborar las disposiciones a que se habrá de sujetar la producción de todas sus publicaciones escritas, habladas y de medios virtuales de acuerdo con las políticas de austeridad en el gasto público y anticorrupción.
- Planificación, elaboración y desarrollo del plan de medios, y publicación.
- Control y seguimiento de la ejecución de los contratos de edición, emisión y publicación de acuerdo con las normas contractuales vigentes.
Para el mes de septiembre se programará la primera reunión de éste equipo de trabajo. Esta es otra de las estrategias que desde la administración de Jorge Enrique Cardoso Rodríguez, se quiere implementar para asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en la que se le exige a las instituciones públicas promover la participación ciudadana a través de elementos comunicativos claros, directos, variados y de calidad.
