CORTOLIMA y presidencia de la República promueven pacto por la transparencia en el Tolima

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En días pasados la máxima autoridad ambiental del departamento, instaló 2 auditorías visibles en su jurisdicción, dando cumplimiento al pacto por la transparencia firmado entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, el programa presidencial de lucha contra la corrupción y CORTOLIMA.

En esta ocasión se implementó el programa en dos importantes obras que se iniciaron con recursos de la entidad ambiental, con el fin de mitigar riesgos y de mejorar la calidad de vida de los Tolimenses, uno en San Antonio y el otro en Ibagué.

En el proyecto de construcción de la tercera etapa de muro de contención en la margen izquierda del rio Cucuana y quebrada Guadalita en el corregimiento de Playa Rica, municipio de San Antonio sector que se ha visto amenazado por el invierno en esta temporada, se eligieron a Norbey Gomez y Deiby Peña Cortés como auditores visibles.

De otra parte la construcción del emisario final del colector Chípalo sur, el cual conduce el 49% de las aguas residuales de Ibagué y que busca solucionar la afectación que estas están generando a la comunidad del sector del barrio Combeima, también contará con el concurso de dos auditores visibles, Estela Gordillo y Julio Cesar Mendoza.

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Estos auditores cumplirán en tres momentos su labor, uno inicial que ya se efectuó con su nombramiento, otro intermedio en el cual presentarán un informe de avance de obra y un tercer momento que se evidenciará con la presentación de un informe final de recibido de obra a satisfacción como representantes de la comunidad beneficiaria.

Auditores Visibles

Es un programa que diseñó el Gobierno Nacional para controlar la ejecución de los recursos en los departamentos y municipios que reciben regalías derivadas del crudo, en el cual la ciudadanía participa de una manera activa. Serán los beneficiarios inmediatos de obras en los sectores de educación salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico, restaurantes escolares y servicios públicos quienes vigilen y controlen la ejecución de las obras.

Con esta nueva herramienta se busca que los proyectos de infraestructura pública se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en el contrato de cada obra y evitar que se cometan irregularidades en el proceso de ejecución y construcción de los mismos.

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